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La Paz, 9 de noviembre de 2026 (MinGob).– En el marco del primer año de gestión del presidente Rodrigo Paz Pereira, el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Gobierno y la Policía Boliviana, señala entre sus principales resultados la desarticulación de una red criminal que operaba desde altas esferas del Ministerio Público para favorecer al narcoterrorismo. Las investigaciones permitieron ejecutar 33 allanamientos, con el secuestro de 46 vehículos, cinco inmuebles, más de Bs 5 millones, $us 407 mil y cuatro armas de fuego de grueso calibre, como parte de las acciones destinadas a desmantelar las estructuras de protección institucional al crimen organizado.

“Este caso demuestra que en Bolivia ya no existen intocables. Caiga quien caiga, vamos a desarticular las redes de protección al narcoterrorismo que se enquistaron en las instituciones del Estado. Este es el compromiso de nuestro Gobierno: recuperar la institucionalidad, devolverle la confianza a la población y garantizar que la justicia esté al servicio del pueblo y no del crimen organizado”, afirmó el ministro de Gobierno, Dr. Marco Antonio Oviedo.

Uno de los hechos más relevantes de este primer año de gestión fue la aprehensión, el 30 de septiembre de 2026, del exfiscal general del Estado, Roger Mariaca, señalado en las investigaciones como principal responsable de esta estructura criminal, junto al exfiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos. Estas aprehensiones marcaron un avance determinante en la lucha contra la impunidad y permitieron profundizar las investigaciones sobre los mecanismos de encubrimiento y protección que habrían favorecido las actividades de organizaciones vinculadas al narcoterrorismo.

Las investigaciones también alcanzaron al exfiscal superior Martín Daniel Irusta Flores, al exfiscal departamental de La Paz Luis Carlos Torres y al mayor de la Policía Rubén Aparicio Villarroel, además de otros operadores identificados dentro del proceso. Estas actuaciones forman parte de las acciones impulsadas por el Gobierno nacional para identificar a los responsables de una estructura criminal que habría utilizado cargos de poder dentro de las instituciones del Estado para facilitar la protección y la impunidad de organizaciones delictivas.

Entre los resultados más contundentes de esta intervención destacan los 46 vehículos y cinco inmuebles secuestrados, además de recursos económicos superiores a Bs 5 millones y $us 407 mil, cuya procedencia se encuentra bajo investigación. Los 33 allanamientos ejecutados permitieron identificar importantes bienes patrimoniales, recursos financieros y armamento, en el marco de las actuaciones destinadas a establecer el alcance económico de esta organización criminal y sus posibles conexiones con actividades del narcoterrorismo.

Bajo la conducción del ministro de Gobierno, Dr. Marco Antonio Oviedo, estos resultados constituyen uno de los principales avances del primer año de gestión del presidente Rodrigo Paz Pereira en la lucha contra el narcoterrorismo y las estructuras criminales enquistadas en las instituciones del Estado. La aprehensión de exautoridades de alto nivel, la desarticulación de redes de protección institucional y el secuestro de importantes recursos económicos reflejan una política de lucha frontal contra la impunidad, orientada a recuperar la institucionalidad, fortalecer la justicia y cerrar los espacios de protección al crimen organizado en Bolivia.