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La Paz, 9 de noviembre de 2026 (MinGob).– En el primer año de gestión del presidente Rodrigo Paz Pereira, el Ministerio de Gobierno, bajo la conducción del ministro Marco Antonio Oviedo, marca un antes y un después en la lucha contra el narcoterrorismo, el crimen organizado internacional y la corrupción, con resultados históricos que reflejan una nueva etapa en la recuperación de la seguridad y la institucionalidad del Estado. La captura de Sebastián Marset, las aprehensiones de exautoridades de alto nivel vinculadas a investigaciones por corrupción, la captura de más de 20 cabecillas de organizaciones criminales internacionales y una afectación económica superior a $us 132 millones a las estructuras del narcotráfico constituyen los principales resultados de una gestión orientada a combatir la impunidad y fortalecer la seguridad de las familias bolivianas.

Uno de los resultados más importantes se registró el 13 de marzo de 2026, con la captura de Sebastián Marset, narcotraficante uruguayo requerido por la justicia de varios países y señalado entre los tres más buscados por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA). El operativo ejecutado por la Policía Boliviana permitió su posterior expulsión a Estados Unidos, sin registrar bajas. Esta intervención puso fin a la permanencia en Bolivia de uno de los principales objetivos del narcotráfico internacional, quien contaba con una estructura de protección integrada por exmilitares colombianos y exintegrantes de las FARC, además de mecanismos de encubrimiento que habrían involucrado a exautoridades y operadores de justicia.

La lucha contra la corrupción y la impunidad también alcanzó a exautoridades del más alto nivel del Estado. Entre los casos relevantes destaca la aprehensión del expresidente Luis Arce Catacora, investigado por irregularidades relacionadas con la administración de recursos del Fondo Indígena; de su hijo, Marcelo Arce Mosqueira, investigado por delitos de corrupción y legitimación de ganancias ilícitas; del exministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, vinculado a investigaciones por irregularidades en la ejecución de la Doble Vía El Sillar; y del exgerente de EMAPA, Franklin Flores, investigado por hechos relacionados con la administración de recursos y proyectos estatales. Estas actuaciones forman parte de las acciones impulsadas por el Gobierno nacional para esclarecer responsabilidades, combatir la corrupción y garantizar que las investigaciones alcancen a quienes ejercieron funciones públicas, con respeto al debido proceso.

En esta misma línea, las investigaciones contra estructuras criminales que habrían favorecido al narcoterrorismo alcanzaron a las más altas esferas del Ministerio Público. En el denominado caso Mariaca, la Policía Boliviana aprehendió al exfiscal general del Estado Roger Mariaca y al exfiscal departamental de Santa Cruz Alberto Zeballos, investigados por su posible vinculación con una estructura de protección a organizaciones relacionadas con el narcotráfico. Las operaciones permitieron ejecutar 33 allanamientos y secuestrar cinco inmuebles, 46 vehículos, más de Bs 5 millones, `$us 407.000 y cuatro armas de fuego. Estos resultados evidencian el alcance de las investigaciones destinadas a identificar redes criminales, establecer responsabilidades y enfrentar los mecanismos de encubrimiento que habrían operado desde instituciones del Estado.

La ofensiva contra el crimen organizado internacional también permitió la captura de más de 20 cabecillas vinculados al Primer Comando da Capital (PCC), Comando Vermelho, Los Espartanos, Los Pulpos y otras organizaciones criminales. Entre las intervenciones relevantes destacan las aprehensiones de integrantes de estructuras brasileñas en Santa Cruz y Beni, así como la captura de Jorge Isaac Campaz Jiménez, alias «Mapaya», cabecilla de Los Espartanos, posteriormente expulsado a Colombia. Estas acciones consolidan una política de seguridad orientada a desarticular organizaciones criminales, combatir el sicariato y cerrar el paso a estructuras delictivas internacionales que pretendían operar desde territorio boliviano.
Como parte de la ofensiva sostenida contra las estructuras económicas y operativas del narcotráfico, el Ministerio de Gobierno, a través de la Policía Boliviana, ejecutó 9.417 operativos entre el 8 de noviembre de 2025 y el 25 de octubre de 2026, con el secuestro de 402 toneladas de sustancias controladas, la destrucción de 39 laboratorios de cristalización, 515 fábricas de droga y 16 pistas clandestinas. Las intervenciones permitieron además secuestrar 791 vehículos y aprehender a 2.682 personas. Uno de los resultados más significativos fue el incremento de aeronaves incautadas, de nueve en la anterior gestión a 83 durante el primer año del actual Gobierno, equivalente a un crecimiento del 822,2 %. Estas operaciones representaron una afectación económica superior a $us 132 millones a las organizaciones del narcotráfico.
En materia de seguridad ciudadana y recuperación del control territorial, el Gobierno nacional implementó el Plan Halcón, el Plan Fronteras Seguras y su segunda fase, Fronteras Seguras 2.0, que incorporó 230 efectivos policiales especializados, patrullajes combinados, drones, inteligencia operativa y herramientas de inteligencia artificial. Paralelamente, Bolivia fortaleció su presencia internacional mediante la Presidencia Pro Témpore del Comité Latinoamericano de Seguridad Interior (CLASI), integrado por 16 países, su incorporación al Escudo de las Américas y la consolidación de alianzas estratégicas con Brasil, Chile, Estados Unidos y la Unión Europea.

Con un año de gestión marcado por la captura de narcotraficantes internacionales, las aprehensiones de exautoridades, las investigaciones contra estructuras criminales de protección al narcoterrorismo y una afectación económica millonaria al narcotráfico, el Ministerio de Gobierno consolida una nueva etapa en la defensa de la seguridad nacional. Bajo el liderazgo del presidente Rodrigo Paz Pereira y la conducción del ministro Marco Antonio Oviedo, el Gobierno reafirma su determinación de continuar enfrentando al narcoterrorismo, combatir la corrupción y reconstruir la institucionalidad policial, mediante una política de seguridad basada en resultados concretos, cooperación internacional y respeto al Estado de derecho, en beneficio de todas las familias bolivianas.