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La Paz, 16 de septiembre de 2026 (MinGob).- En cumplimiento del artículo 139 de la Constitución y los artículos 13 y 15 de la Ley 1740 de Regulación de Estados de Excepción, el ministro de Gobierno, Dr. Marco Antonio Oviedo, se presentó ante la Asamblea Legislativa Plurinacional para sustentar informe y la solicitud de ampliación del estado de excepción, al advertir que persisten riesgos vigentes que amenazan la paz y la economía nacional.

El ministro informó que la solicitud se basa en 12 informes técnicos -ocho de la Policía Boliviana, dos del Ministerio de Gobierno, uno de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y uno del Ministerio de Defensa, que identifican amenazas públicas, estados de emergencia y bloqueos focalizados aún activos, además de indicios de criminalidad organizada y financiamiento del narcotráfico en zonas como el Chapare y San Matías, junto a limitaciones logísticas para atender conflictos simultáneos.

Como alertas tempranas, Oviedo detalló que en las dos semanas previas al 10 de septiembre se registraron siete puntos de bloqueo, la toma de un retén de la FELCN en Villa Tunari y una marcha multisectorial en Cochabamba, manteniéndose focos bajo seguimiento en La Paz, El Alto-Senkata, Cochabamba-Trópico, Santa Cruz-Puente San Pablo, San Julián y Yapacaní, con riesgo de reactivación en Potosí, Oruro, Beni y Chuquisaca desde el 18 de septiembre.

El titular de Gobierno advirtió que se prevé una posible articulación de bloqueos, marchas y paros que afectaría corredores estratégicos de combustible, alimentos, medicamentos, oxígeno e infraestructura crítica, lo que generaría escenarios de confrontación y desabastecimiento. Recordó que este riesgo es respaldado por el informe de la Misión de Alto Nivel de la OEA del 3 de septiembre, que alertó que los bloqueos violentos amenazan el orden democrático y facilitan la infiltración del crimen organizado.

La autoridad explicó que en cumplimiento de la Constitución y el DS 5636 se ejecutaron 12.910 operativos, con 109.331 efectivos policiales movilizados, 26.917 militares en apoyo complementario, 22.267 medios logísticos y 151 desbloqueos, además del secuestro de 8 millones de bolivianos destinados a financiar bloqueos con financiamiento del narcoterrorismo. “Pedimos la ampliación para cuidar la vida, la economía y los derechos al trabajo, educación, comercio y libre tránsito. Bolivia espera vivir y trabajar en paz”, sostuvo.

El ministro recordó el costo que el país no puede repetir: 53 días de bloqueos con $us 3.000 millones en pérdidas según el IBCE, 123 heridos, 22 fallecidos sin responsabilidad de las fuerzas del orden, 56 policías heridos, más de 5.000 transportistas secuestrados y familias que debieron endeudarse para sobrevivir, además de dificultades para acceder a servicios de salud y oxígeno medicinal.

En lo legal, fundamentó la ampliación en el artículo 10, parágrafo II de la Ley 1740, que permite extender el plazo de forma excepcional previa autorización de la Asamblea por mayoría absoluta, cumpliendo los principios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad para proteger derechos fundamentales como la vida, el trabajo, la educación y el libre tránsito.

“Pedimos la ampliación para cuidar la vida, la economía y el derecho a trabajar de productores, comerciantes, gremialistas y transportistas. Si no se aprueba, Bolivia enfrenta peligro inminente de un bloqueo con daños irreparables. Por encima de cualquier cálculo político, hay que dar garantías a los que quieren producir y trabajar en paz”, concluyó el Ministro Oviedo.