𝗚𝗼𝗯𝗶𝗲𝗿𝗻𝗼 𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮 𝗿𝗲𝗱 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝗿𝗼𝗯𝗼 𝘆 𝗮𝗱𝘂𝗹𝘁𝗲𝗿𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲 𝗰𝗼𝗺𝗯𝘂𝘀𝘁𝗶𝗯𝗹𝗲𝘀 𝗾𝘂𝗲 𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮𝗯𝗮 𝗱𝗲𝘀𝗱𝗲 𝗖𝗵𝗶𝗹𝗲 𝘆 𝗰𝗮𝘂𝘀𝗼́ 𝗺𝗶𝗹𝗹𝗼𝗻𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗱𝗮𝗻̃𝗼 𝗮𝗹 𝗽𝗮𝗶́𝘀

La Paz, Bolivia , 31 de marzo de 2026

Junto con el presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira, el ministro de Gobierno, Dr. Marco Antonio Oviedo, informó que el Gobierno Nacional identificó una red delictiva internacional dedicada a la adulteración y robo de diésel y gasolina destinados a Bolivia, la cual habría funcionado desde territorio chileno ocasionando graves daños al parque automotor del país.

El ministro de Gobierno, Dr. Marco Antonio Oviedo, junto con el presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira, en conferencia de prensa

La Paz, 31 de marzo de 2026 (Prensa MinGob). – Junto con el presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira, el ministro de Gobierno, Dr. Marco Antonio Oviedo, informó que el Gobierno Nacional identificó una red delictiva internacional dedicada a la adulteración y robo de diésel y gasolina destinados a Bolivia, la cual habría funcionado desde territorio chileno ocasionando graves daños al parque automotor del país.
La autoridad señaló que las investigaciones se iniciaron tras verificarse reiteradas afectaciones a vehículos del transporte público y privado en distintos puntos del país. “Hemos empezado a realizar una investigación profesional profunda sobre el inmenso daño que se estaba causando al parque automotor boliviano, que alcanzaba al transporte público, al transporte privado, en diferentes segmentos”, aseveró.
Asimismo, recalcó que las indagaciones tienen carácter internacional y se desarrollan en coordinación con autoridades de países vecinos. “Esta es una investigación que está dentro de la jurisdicción del territorio boliviano, pero que también abarca otros países, concretamente la República de Chile, la República del Paraguay y la República Argentina”, detalló.
𝗠𝗼𝗱𝘂𝘀 𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮𝗻𝗱𝗶 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗿𝗲𝗱 𝗰𝗿𝗶𝗺𝗶𝗻𝗮𝗹
El titular de Gobierno explicó que la red delictiva operaba principalmente en las ciudades chilenas de Arica e Iquique, donde se efectuaban trasvases ilegales de combustible desde cisternas hacia vehículos particulares.
Declaró que los delincuentes extraían parte del combustible transportado y lo reemplazaban con mezclas adulteradas. “Normalmente las cisternas cargan entre 33 mil, 35 mil litros. Le sacan mil, a veces 700”, explicó.
Subsiguientemente, el volumen sustraído era sustituido por agua mezclada con aceite usado. “Se han sacado mil litros, cargan mil litros de esta agua, la mezclan con aceite usado para darle color (…) y la vuelven a introducir a la cisterna”, señaló.
El ministro remarcó que estos hechos están respaldados con pruebas técnicas y documentales obtenidas durante la investigación. “Esto, lo que estamos viendo acá con pruebas concluyentes, con placas de las cisternas, con gente que está operando, es lo que ha estado recibiendo el país y dañando el parque automotor de los bolivianos”, recalcó.
𝗗𝗮𝗻̃𝗼 𝗲𝗰𝗼𝗻𝗼́𝗺𝗶𝗰𝗼 𝗲𝘀𝘁𝗶𝗺𝗮𝗱𝗼 𝘀𝘂𝗽𝗲𝗿𝗮 𝗹𝗼𝘀 𝟭𝟱𝟬 𝗺𝗶𝗹𝗹𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗱𝗼́𝗹𝗮𝗿𝗲𝘀
El ministro indicó que acorde con las primeras estimaciones se identifican aproximadamente 5.000 cisternas utilizadas para este ilícito. “Aproximadamente 5.000 cisternas provenientes de Chile (…) lo que hace, en cálculos iniciales, una cantidad de 150 millones de litros de combustible que han ingresado al país y 150 millones de agua sucia y aceite que han introducido en las cisternas que han llegado a Bolivia”, aseveró.
Añadió que el perjuicio económico estimado alcanza cifras exorbitantes. “150 millones de litros son 150 millones de dólares aproximadamente. Esto es una operación financiera delictiva, gigantesca”, denunció.
𝗜𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗶𝗴𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗲𝘅𝘁𝗲𝗻𝗱𝗲𝗿𝗮́ 𝗮𝗰𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗷𝘂𝗱𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹𝗲𝘀 𝘆 𝗰𝗼𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹
El ministro expuso que esta estructura criminal operaba en dos niveles: uno en territorio chileno y otro en Bolivia, donde el combustible adulterado ingresaba principalmente hacia plantas de distribución en el occidente del país.
Finalmente, la autoridad reveló que existen responsables identificados y que las investigaciones continuarán en coordinación con instancias policiales y fiscales de ambos países; reafirmando el compromiso del Gobierno nacional de esclarecer los hechos y sancionar a los responsables en el marco del debido proceso.